En ese contexto aparece un riesgo clave:

El beneficio económico no justificado. Hablamos de casos en los que un proveedor obtiene ganancias desproporcionadas o indebidas en contratos con el Estado, sin una explicación clara, técnica o equitativa.

Un ejemplo ilustrativo se encuentra en un pliego de observación de la Auditoría Superior de la Federación dirigido a la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente a la Cuenta Pública 2020. Ahí se advierte un posible daño a la hacienda pública federal por varios millones de pesos, derivado de pagos realizados en un contrato de servicios.

La observación apunta a un posible beneficio económico no justificado porque, presuntamente, el proveedor habría actuado como intermediario, sin capacidad técnica propia para ejecutar los servicios, subcontratando a otras empresas. El problema se agrava porque esa subcontratación no habría sido informada a la CFE, lo que implicaría incumplimientos a las condiciones de la licitación y una vulneración a principios constitucionales, incluyendo los del artículo 134, que exige eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el uso de recursos públicos.

¿Por qué es importante hablar de esto?

Porque el objetivo central es proteger el erario y asegurar que la contratación gubernamental sea transparente y eficiente: identificar, prevenir y sancionar irregularidades que puedan traducirse en enriquecimiento indebido de particulares a costa del Estado.

Este fenómeno puede presentarse de varias formas: sobrevaloración de precios, adjudicaciones directas a empresas afines sin sustento técnico, o contratos sin competencia real. Además del daño económico, estas prácticas deterioran la confianza ciudadana y desincentivan la participación de proveedores serios, afectando la competencia.

Para enfrentarlo, se requiere fortalecer la fiscalización y el control en todos los niveles: auditorías rigurosas, capacitación continua de funcionarios en contratación y fiscalización, y sanciones claras y proporcionales. Pero también hace falta una cultura de integridad y rendición de cuentas, tanto en el sector público como en el privado.

Recomendaciones finales:

Reforzar controles internos y externos, impulsar transparencia y participación ciudadana, y profesionalizar a los servidores públicos. Combatir el beneficio económico no justificado exige un enfoque integral y coordinado entre gobierno, sociedad y empresas, para asegurar legalidad y buen uso de los recursos en beneficio del interés general.