En México, la subcontratación en contratación pública es una práctica común: en ella busca aprovechar la especialización de terceros, optimizar recursos y cumplir objetivos.

Hasta este punto, es una práctica necesaria y razonable.

El problema empieza cuando la subcontratación se realiza con una mala praxis, ya que deja de ser una estrategia operativa y se convierte en una señal de alerta en una auditoría en desarrollo.

La Auditoría Superior de la Federación ha advertido riesgos en transparencia y legalidad cuando:

No se acredita quién ejecuta realmente, cómo se controla el servicio y por qué se erogan recursos.

En un ejemplo: Se reportan irregularidades en pagos por alrededor de cinco millones de pesos, vinculadas a esquemas donde el proveedor principal no demuestra su participación real.

En ese tipo de casos, el proveedor firma… pero no ejecuta. No dirige. No controla. No supervisa. Solo conecta.

Encontrando un sustantivo definitorio. Es un Intermediario.

Ser intermediario —sin acreditación técnica, sin control de la ejecución y sin transparencia— es un camino directo para encontrarse en una situación compleja y adversa.

¿Si una empresa subcontrata de forma transparente podría verse como intermediario?

Si se subcontrata a terceros, ¿Se declaró desde la propuesta?

¿El contrato permite esa subcontratación y establece reglas claras?

¿Se puede acreditar la participación real del contratante: dirección técnica, supervisión, control de calidad y evidencia documental?

¿La entidad contratante puede rastrear quién hizo qué, con qué recursos y bajo qué responsabilidad?

Cuando no hay control ni transparencia, se abren puertas a corrupción, sobrecostos, incumplimientos y pagos cuestionables.

Si el expediente no demuestra ejecución y control, el riesgo no solo es probable. Se pueden activar situaciones como: rechazo de entregables, retención de pagos, penas convencionales, rescisión del contrato, observaciones de auditoría y, en casos graves, consecuencias que golpean la operatividad de la empresa y exponen a sus directivos.

La solución no es “no subcontratar”. La acción medible es subcontratar conforme a los lineamientos de cada contrato.

Las recomendaciones puntuales son:

• Fortalecer mecanismos de control para monitorear a subcontratistas.

• Asegurar una supervisión efectiva y generar una comunicación diaria entre la entidad y el proveedor.

• Promover la transparencia total: que el expediente incluya información relevante decontratos y subcontratos, roles, alcances, autorizaciones y evidencia verificable.

La subcontratación puede y debe de ser beneficiosa para ambas partes: Gobierno y Proveedor.

Pero si no se puede demostrar con orden, control y trazabilidad… entonces no es subcontratación.

Es un riesgo. Y puede costar el contrato, la tranquilidad y la reputación.

La subcontratación puede y debe de ser beneficiosa para ambas partes: Gobierno y Proveedor.

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